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Ley de Prevención de Abuso de Quiebra y Protección al Consumidor

El 17 de abril de 2005 el presidente de los Estados Unidos firmó la ley que sustituye la anterior ley de quiebra. La nueva ley está titulada “Ley de Prevención de Abuso de Quiebra y Protección al Consumidor” y entró en vigor a los seis (6) meses luego de su aprobación, el 17 de octubre de 2005. Es una legislación que tiene su origen en el cabildeo de diversos grupos de interés de los sectores económicos y políticos.

La nueva legislación ha hecho más costoso y menos efectivo el trámite de quiebra para muchos deudores y probablemente inaccesible para muchos otros. No es una legislación para la protección al consumidor. A la misma vez, algunos deudores, los de más alto ingreso, quienes pueden pagar por servicios financieros, y a quienes se supone se intenta detener en el abuso que se pretende corregir, se encontrarán en una mejor posición debido a las generosas exenciones que se proveen para los planes de pensiones, sistemas de ahorro educativos y valor de sus hogares.

El corazón de la nueva ley es un sistema de examen de medios económicos (“means test”) que puede ser utilizado con ventaja por los deudores de mejor ingreso, que les permite la planificación cuidadosa de sus casos de quiebra por profesionales, que los de menor ingreso no pueden pagar. Algunas deudores podrán retener hasta un millón de dólares ($1,000,000.00) protegidos y salvaguardados frente a sus acreedores dentro de sus planes de pensiones, pero la mayoría tendrá que conformarse con mucho menos.

Uno de los problemas principales de la nueva ley es que contiene una redacción muy pobre, especialmente en muchas de las disposiciones que tienen que ver con los consumidores. Contrario a la ley anterior de 1978, que fue el producto de la asistencia de muchas de las mejores personas cualificadas en el área de quiebra a nivel de todos los Estados Unidos, la legislación de 2005 es el producto de cabilderos con poca o ninguna experiencia en la vida real de la práctica de quiebra de consumidores día a día en los tribunales de quiebra.

Las personas más versadas en la práctica de quiebra no participaron en la redacción de esta nueva ley. El cabildeo de la industria de crédito, principalmente la industria de tarjetas de crédito, no confió en el criterio de los jueces, académicos, síndicos, ni de los abogados de experiencia, incluso abogados que tradicionalmente representan acreedores, para la redacción y resistieron la mínima interferencia de éstos.

Probablemente, debido a la redacción pobre de la ley, la industria de crédito no obtendrá los beneficios que pretendía alcanzar. Después de todo la ley será interpretada por los jueces, académicos, síndicos y los abogados envueltos en los procesos, no por los redactores y cabilderos de esta nueva ley de quiebra. Algunas de las disposiciones de esta nueva ley probablemente serán ignoradas por problemas de redacción y/o por ser contradictorias con otras secciones de la ley. No hay duda que la ley de quiebra ha cambiado significativamente. Algunos deudores, los de menor ingreso, probablemente no tendrán acceso a los tribunales debido a los costos y otros deudores tendrán que pagar más a sus acreedores. Tanto acreedores como deudores se sorprenderán de que algunos de los supuestos cambios pro-acreedores beneficiarán a los deudores, de que la industria de crédito no alcanzó todo lo que cree haber alcanzado y que la práctica de quiebra no ha cambiado tanto como muchos anticipaban. El sentido común prevalecerá entre todos los componentes del sistema de práctica de quiebra para el beneficio de millones de familias que necesitan de esta ley desesperadamente.