Pobreza versus Seguridad
Si estimamos la población de Puerto Rico en 3,750,000 nuestra cifra de muertes violentas al presente debe ser de 26.67 por cada 100,000 habitantes, como mínimo, al concluir el presente año natural 2011. Cuando comparamos esta cifra con países a los que tradicionalmente consideramos mucho mas violentos aquí en el Caribe, léase Colombia y México, que tienen sobre 13 y 31 veces respectivamente nuestra población y muchísima más extensión territorial, es un dato que debería interesarnos. Nos ayudaría a entender nuestra propia realidad social.
Las estadísticas y la forma de catalogar el crimen suele variar de país en país. Algún experto en la materia debería arrojarnos luz. Pero lo cierto es que, sin lugar a dudas, tomando en consideración nuestra población y extensión territorial estamos entre los de peor record de muertes violentas a nivel mundial, en tiempo de paz, es decir, excluyendo aquellos países que puedan estar pasando por un periodo de guerra o cualquier otro tipo de insurrección civil.
Llama la atención que, según reporta la revista The Economist, la propuesta de política pública para Mexico del Partido Institucional Revolucionario (PRI) girará en torno a la pobreza sobre seguridad. Lo mexicanos están hartos de la lucha antinarcóticos. Bajo la administración del oficialista Partido Acción Nacional la pobreza se incrementó y se enfatizó en la guerra contra la droga. El PRI acaba de salir muy victorioso en recientes elecciones regionales y parece encaminado a una victoria en elecciones generales dentro de un año.
En Puerto Rico hemos visto como se ha enfatizado tanto en los problemas de seguridad y nada hemos logrado. La ‘renuncia’ de Figueroa Sancha como jefe policíaco es una demostración de la incapacidad del actual gobierno. Se observa una actitud de pesadumbre y frustración entre nuestros clientes policías en quiebra. No se les paga por las jornadas de tiempo extra y cada día se les exige más. No vemos un plan anticrimen ni propuestas con seriedad para mejorar la situación social que vivimos.
Peor aún, la política pública del actual gobierno es dirigida a desmantelar el ordenamiento jurídico social establecido. Lo observamos en la reciente destrucción de la Procuraduría de los Envejecientes y la forma como se hizo, en el desmantelamiento de la Administración de Familias y Niños, en la legislación laboral, en la reforma de la ley de desahucio, el ataque al Colegio de Abogados, La ley 7 de 2009, el control de AEELA, la UPR y el Tribunal Supremo, entre otros ejemplos. Control que implica nuevos nombramientos y contratos que no responde al principio de mérito sino al partido en el poder. El caso de la legislación de desahucio es patético. Mientras la economía de los hogares sigue en picada es momento de pensar en aliviar y mejorar nuestra red de seguridad social, no empeorarla. Me pregunto si en los casos de ejecución de hipoteca se debería acelerar también el proceso de lanzar familias a la calle bajo los mismos criterios utilizados con el desahucio.
En el orden laboral se amplió el horario de apertura del comercio los domingos y se les redujo la compensación a los trabajadores. Ahora se pretende un periodo probatorio de dos años. Antes de los dos años el patrono podría despedir al empleado sin tener derecho a una mesada como es ahora. Ya sabemos que para evitar reconocer el pago de vacaciones y otros derechos laborales los patronos en Puerto Rico operan con una empleomanía a tiempo parcial. Tenemos un ejército de personas que nos consultan sobre sus problemas económicos ganando un salario mínimo en jornada parcial. Todo es resultado de una política neoliberal que obliga a otros patronos a hacer lo mismo para mantenerse competitivos a costa de los trabajadores. El consumo se ve afectado por la crisis de ingreso y la economía no levanta. Es cada vez más incierto el futuro para todos particularmente en una población envejeciente y sin recursos para encararlo.
Desde Washington la situación es incierta. Siempre lo ha sido para los puertorriqueños en Puerto Rico. Colectivamente, como país, no tenemos derecho a nada de las ayudas federales. Es en el orden individual donde tenemos derechos adquiridos. Estamos excluidos de los círculos de toma decisiones en el ámbito federal. Estamos excluidos de organismos regionales e internacionales. Pertenecemos pero no somos parte de Estados Unidos. Igual sucede con la camisa y el pantalón que llevamos puesto. No hay un plan que con seriedad pretenda resolver nuestro dilema de status que tanto nos divide.
Las políticas de estímulo económico federales están bajo estricta observación por los republicanos en el Congreso donde serán mayoría, al menos, por varios años más. Lo que es bueno para los negocios y las corporaciones lo es para el país según la tradición republicana. La acumulación de riqueza por los menos sigue en ritmo ascendente. El debate está centralizado en aumentar impuestos a los más poderosos y mejorar la distribución del ingreso o reducción de programas de ayuda social. La reforma de salud está siendo cuestionada.
La acumulación de riqueza no está siendo utilizada para crear empleos sino para comprar cabilderos, pago de dividendos, pago de deuda acumulada, comprar otras empresas, comprar sus propias acciones y todo lo que implica aumentar el rendimiento de las inversiones, nos dice Paul Krugman, columnista del New York Times y Premio Nobel de Economía. No se crean los empleos que se necesitan porque no hay la demanda necesaria de consumo por parte de la mayoría de los consumidores que tienen que hacer de tripas corazones para evitar la quiebra. Lo que necesita la economía es la creación directa de empleos por el gobierno y la ayuda a los consumidores en estrés para proteger sus hogares, nos dice Krugman.
La iniquidad financiera que resulta de ingresos raquíticos para muchos versus el rápido crecimiento del uno (1%) porciento de la población agrava la recuperación económica afectando la capacidad de crecimiento de forma sostenida y eficiente, según S.B. Raskin, gobernadora de la Junta de Reserva Federal.
Resurge una corriente de opinión pública en Estados Unidos que pide un cambio de las políticas de guerra en el exterior y canalizar esos recursos hacia la economía doméstica interna. El presupuesto militar es extraordinario. La política exterior no parece rendir los frutos esperados ya sea Afganistán, Iraq o Libia. Igual que México, todo parece indicar que la lucha contra la pobreza irá dominando la lucha por la seguridad.
Debemos estar atentos al desarrollo de este debate. Después de todo, no hay seguridad posible si se pierde la lucha contra la pobreza.