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Epílogo: Puerto Rico excluido del capítulo 9 y sin jurisdicción para legislar

Publicado 10/07/16
Por JL Acevedo Colón
Tal y como se anticipaba la decisión del Tribunal Supremo federal es que no puede Puerto Rico legislar en materia de quiebra. Eso le corresponde solo al Congreso. La constitución federal ratificada en el año 1800 dispuso un sistema uniforme de quiebra para toda la República de Estados Unidos.
 
Cabe la observación que durante el siglo 19 hubo tres intentos por legislar en materia de quiebra y no prosperó. No es hasta casi un siglo mas tarde, en el Acta de Quiebra de 1898, cuando el gobierno federal tiene por fin una ley de quiebra de forma ininterrumpida hasta nuestros días. 
 
En la historia de la ley de quiebra sin embargo, en los periodos de ausencia de ley de quiebra durante el siglo 19, se permitió a los estados legislar para proteger a sus residente y ciudadanos en materia propiamente de quiebra. Así los estados legislaron para proteger a sus residentes sobre propiedad no sujeta a embargo o ejecución de sentencias y moratorias. Los estados sufrían las consecuencias de deudores y sus familias que no tenían la capacidad de subsistir en ausencia de protección.
 
Podía quizás estimarse que si Puerto Rico fue excluido del capítulo 9, entonces podía considerarse apto para legislar en ausencia de legislación federal que le permitiera protegerse utilizando una legislación particular, léase quiebra criolla. No es el caso según el Tribunal Supremo federal y corresponde al Congreso esa decisión.  Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso.
 
Podría también estimarse que la decisión de excluir a Puerto Rico del capítulo 9 era contraria a casos insulares de principios del siglo 20 que dejaron establecido que el congreso tiene que mostrar una base racional para tal tratamiento distinto y discriminatorio. La decisión judicial no consideró este razonamiento tampoco.
 
Teniendo el Congreso poderes plenarios sobre Puerto Rico el camino quedó expedito para la legislación conocida por sus siglas en inglés como PROMESA, que es la legislación federal convertida en ley simultáneamente con la decisión judicial. Difícilmente hubiese decidido el Tribunal Supremo federal contra esta PROMESA de todas formas. El Supremo reconoce los plenos poderes del Congreso y en lo sucesivo esta controversia política ha quedado aclarada.
 
Ciertamente queda claro que la voluntad del Congreso sobre Puerto Rico no es cónsona con los principio constitucionales federales de democracia representativa que implica gobierno por el consentimiento de los gobernados, o sea, lo que se ha conocido como un sistema republicano de gobierno. La legislación PROMESA tampoco pone énfasis en mecanismos de estímulo económico para el desarrollo de nuestra economía, lo que plantea un problema estructural de enfoque. Si el país está quebrado y la economía no crece, ¿que debemos esperar?